Contra el corporativismo

Civiles en los órganos de decisión y control de las Fuerzas Armadas

Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

 

Contra el corporativismo

Civiles en los órganos de decisión y control de las Fuerzas Armadas

 

Por Christian D. Villanueva López

 

En nuestra revista, seguramente de forma un tanto vehemente y a veces equivocada, hemos propuesto prácticamente desde nuestro primer número una serie de cambios que, creemos, servirían para adaptar las Fuerzas Armadas Españolas a un futuro que podrá ser de una manera u otra, pero que con total seguridad va a seguir caracterizándose por las estrecheces presupuestarias. Estamos convencidos de que solo en la medida en que aceptemos que las vacas gordas no van a volver, podremos realizar un planeamiento de la defensa coherente no solo en lo relativo a las adquisiciones sino, más importante, a los ciclos de vida y operación del material en servicio presente y futuro y, por supuesto, a la orgánica.

No es éste el lugar adecuado para hablar del planeamiento por capacidades, ni de ningún tema demasiado complejo como para desarrollarlo sin meter la pata más de la cuenta en una columna de apenas 800 o 900 palabras. Para eso están los trabajos de los verdaderos expertos, como el profesor Colom Piella, que lleva años luchando para que nuestras Fuerzas Armadas avancen en éste sentido. Sí lo es, sin embargo, para plantear un debate y hacer una petición razonable: que se incluya a civiles en los órganos de decisión de las FAS no solo como asesores, sino con algún tipo de poder que les permita hacer de contrapeso a uno de los fenómenos más perjudiciales para la transformación de nuestros ejércitos: el corporativismo.

Cuando alguno de nuestros redactores propone, como sucede en éste mismo número, que se modifique la orgánica de la Armada, no lo hace por capricho, sino porque después de mucho estudiar ha llegado a la conclusión de que hay margen para el ahorro y la optimización de los escasos recursos disponibles, sin merma -e incluso en ocasiones con ganancia- de capacidades. Tristemente, éste tipo de propuestas suponen en muchos casos eliminar alguna vacante de oficial, normalmente de alta graduación y, aunque en su fuero interno muchos militares entiendan que son ideas razonables, nadie tira piedras contra su propio tejado, algo por otra parte comprensible. En consecuencia, tras la excusa de la necesidad de mantener una orgánica sobredimensionada o unidades en cuadro, por si en el futuro hubiese necesidad de activarlas, lo que se esconde normalmente son las reticencias de un cuerpo -el de oficiales- a ajustar el tamaño de las Fuerzas Armadas conformando así una fuerza más ágil y eficiente, a costa de que haya menos vacantes que cubrir y, por tanto, menos posibilidades de ascenso.

No se nos escapa que la inclusión de civiles en los órganos de decisión no es la panacea. Tampoco que, en la práctica, ya son unos cuantos los no uniformados que participan, de una u otra forma, en todos los procesos, empezando por

el personal de ISDEFE y hasta llegar a los puestos políticos, como el SEDEF o el propio Ministro de Defensa. Pensamos, no obstante, que se debe avanzar en esta tendencia, siguiendo lo que ocurre en países de referencia, e ir incluso más allá, pues se ha llegado al punto en el que los civiles, en muchos casos, están mejor preparados que los propios militares a la hora de abordar aspectos concretos de la Defensa.

Esto es lo que ocurre, sin ir más lejos, con todo lo relativo al estudio de los escenarios futuros. Si bien organismos como el EMAD o el MADOC recurren con frecuencia a expertos civiles de las empresas de defensa o a profesores universitarios para que aporten su punto de vista y sus experiencias antes de redactar ningún documento y después, en las fases de revisión de los mismos, la forma en que ésto sucede debe cambiar, aunque ésto no es tanto culpa de las propias Fuerzas Armadas -que hacen lo que la legislación y los medios que tienen les permiten- como del poder político.

Este, más temprano que tarde, tendrá que proponer en sede parlamentaria una completa revisión de la forma en que se contrata al personal civil por parte del Ministerio de Defensa, de las tareas que pueden llevar a cabo, las compatibilidades, los salarios, etcétera, de tal forma que los expertos de los que hablamos tengan buen acomodo -algo que ahora mismo está muy lejos de ser así- dentro de la institución castrense.

Piense el lector en documentos como el Entorno Operativo 2035, para cuya redacción se ha pedido ayuda a más de 200 civiles, en palabras del propio DIDOM. Un que aun siendo un avance no es ninguna maravilla (hablaremos de sus fallos en el futuro) y que el Ejército hubiese sido incapaz de redactar por sus propios medios. Piense, mejor, en la tan cacareada “ciberreserva”, un proyecto dantesco que nuestro Ministerio de Defensa, apelando al amor por la Patria, pretende sacar adelante gastando lo mínimo posible, lo que en mí pueblo llaman “por el morro”. Como es lógico, pensar que los mejores informáticos de nuestro país colaboren de forma desinteresada (cuando buena parte de ellos, precisamente por ser los mejores, gana buenos sueldos) durante el tiempo que sea necesario y sujetándose a los designios de un puñado de “viejos analógicos” como son la mayor parte de oficiales generales, en opinión de un buen amigo, es una entelequia.

Si de verdad se quiere mejorar, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y estos no entienden tanto de tradiciones, de grupos de interés, de rangos o de endogamia -y si algo tiene nuestra oficialidad es de esto último- como de eficiencia y adaptación permanente. Para adaptarse, como decimos, nada mejor que dejar entrar antes por la puerta del Ministerio ese soplo de aire fresco que solo pueden aportar los civiles. ■