La SEPI no puede pagar los 315,17 millones de euros de fianza impuestos por el caso DEFEX

Los directivos de la extinta empresa se llevaron cerca de 100 millones de euros de los 150 que llegó a facturar la sociedad solo en Angola

Sede de la SEPI

  • La SEPI no puede pagar los 315,17 millones de euros de fianza impuestos por el caso DEFEX.
  • Los directivos de la extinta empresa se llevaron cerca de 100 millones de euros de los 150 que llegó a facturar la sociedad solo en Angola.
  • En la actualidad hay acusados 24 trabajadores y colaboradores (entre ellos 4 ex-directivos), para los que se piden penas que van desde multas hasta los 50 años y 7 meses que se piden a su ex-Presidente, José Encinas Charro (alias Oscar) y para Ángel María Larumbe, además de lo 35 solicitados para el antiguo Director Comercial, Ángel María Larumbe (alias Kogan).

El caso DEFEX, el mayor caso de corrupción que se ha logrado destapar en el sector de la defensa en España, ha dado un nuevo giro en los últimos días cuando la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), sociedad pública propietaria, entre otras muchas empresas, de Navantia, ha comunicado al Ministerio de Justicia su incapacidad para hacer frente a la fianza impuesta a los ex-directivos de DEFEX, empresa de la que, hasta su extinción, mantuvo una participación del 51%.

La empresa, que estaba participada además de por la SEPI, por diferentes empresas del sector de la defensa, estuvo en activo hasta 2017, cuando entró en un proceso de liquidación que todavía no se ha completado, debido a la dificultad de completar todos los negocios que mantenía en zonas como Oriente Medio o África y de liquidar todo su patrimonio, que en 2018 todavía era de 21,1 millones de euros.

Utilizada por sus directivos como herramienta de «depredación de fondos públicos», como recoge el juez encargado del caso, José de la Mata, Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se trata de la primera compañía semipública formalmente imputada por corrupción y hasta el momento, sumando las fianzas impuestas tanto a personas físicas como a las personas jurídicas (empresas del sector de la defensa), el montante exigido por la justicia asciende hasta los 4.500 millones de euros, de los que la SEPI debería abonar 315,17 millones que ya ha comunicado que no puede aportar.

El caso DEFEX saltó a la luz pública después de que los imputados tratasen de apropiarse de hasta 100 millones de euros como parte de un contrato destinado a suministrar material policial a Angola y que estaba valorado en 150 millones, lo que da idea del funcionamiento de la empresa. Ahora se están investigando otras acciones dudosas, como las comisiones recibidas por Arabia Saudita, con la que se firmaron contratos por valor de 48 millones de euros y que se cree que permitieron cobrar comisiones ilegales, además de otros contratos con Camerún, Egipto y Brasil.